De izquierda a derecha Francisco Caamaño, Presidente de OSUR; Ángel Simón, Presidente de AGBAR; Jose María Alvarez, Secretario General de la UGT; Felipe Campos, Consejero Delegado de Aguas de Barcelona; Natalia Peiró, Secretaria General de Cáritas y Antoni Bruel, Coordinador General de Cruz Roja posan hoy, 24 de mayo de 2022, durante el desayuno informativo "Los Servicios Públicos Universales: recuperación del equilibrio en la lucha contra la vulnerabilidad" en un hotel de Madrid. EFE/David Fernández

Durante la pandemia no hubo cortes de agua por impago, según un estudio

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El abastecimiento de agua en España, derecho fundamental reconocido por las Naciones Unidas, estuvo garantizado durante los momentos más difíciles de la pandemia, donde no se registró ningún corte de suministro por impago.

Así lo revela el «Estudio de indicadores sobre el tratamiento de la vulnerabilidad por los operadores del abastecimiento de agua potable» elaborado por el Observatorio de los Servicios Urbanos (OSUR) junto a Cáritas, presentado hoy en Madrid.

En el acto, la empresa Aguas de Barcelona, perteneciente al Grupo Agbar, ha sido reconocida por su compromiso con las personas en situación de vulnerabilidad porque “cuadruplica al resto de las compañías en atención a personas acogidas a beneficios sociales” y manifiesta “un liderazgo” en favor de las personas vulnerables, ha reconocido el presidente de OSUR, Francisco Caamaño.

Medidas aplicadas en situación de vulnerabilidad

Caamaño ha constatado un “aumento en las bonificaciones” a los consumidores de entre el 20 y el 300 por cierto, como parte de las medidas implementadas durante la crisis sanitaria en la que los clientes en situación de vulnerabilidad crecieron del 1,10 al 1,21 por ciento.

El también exministro de Justicia ha confirmado a Efe que las políticas de los operadores respecto a personas en situación de vulnerabilidad “progresan adecuadamente”, aunque falta “información” en sus canales de comunicación con los usuarios, uno de los criterios valorados en el estudio– de 0 a 3 puntos- junto a otros como la garantía del agua y la transparencia en sus modos de actuación.

El informe, realizado en 34 ciudades españolas, sitúa a diez operadoras por debajo del valor dos, debido a las carencias en sus canales de detección de las personas más necesitadas; a veintitrés de ellas, entre los 2 y 3 puntos por proteger a los consumidores con problemas económicos, y a una sola entidad, por encima de los tres puntos.

La emergencia climática

El presidente del Grupo Agbar, Ángel Simón, ha mostrado “gran alegría” por recibir una distinción que responde al “compromiso firme” con todos los grupos de relación que mantiene la compañía, con los ejes puestos tanto en el desarrollo sostenible como en la transparencia, ante desafíos como el cambio climático.

Para Simón, la transición por la emergencia climática provocará un “incremento en los costes del agua”, aunque, a su juicio, lo importante es cómo las empresas van a reasignar ese incremento para que no redunde en la factura del consumidor y se afronte “de manera equitativa”.

Así, el presidente de Agbar ha manifestado que, en los últimos años, “el recibo del agua en Barcelona se ha aprovechado para colocar impuestos sin tener la transparencia adecuada, para camuflarlos en un recibo”, al tiempo que la factura del agua “ha bajado sustancialmente”.

Inversiones de Agbar en acción social

Con el objetivo de no dejar “a nadie atrás”, Agbar ha desplegado una dotación total de 6,2 millones de euros de inversión en acción social para “poner a las personas en el centro” y mantener una “comunicación permanente» entre sus 12.000 trabajadores.

“La manera de acercarnos mucho más a las personas es establecer un pacto social con más de sesenta mesas repartidas en todo el territorio en la reconstrucción verde para pasar del ciclo integral al ciclo social del agua”, ha añadido.

El acto contó con la presencia de la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiró; del coordinador general de Cruz Roja, Antoni Bruel; del consejero delegado de Aguas de Barcelona, Felipe Campos, y del secretario general de UGT, José María Álvarez, quien concluyó que lo relevante es la “calidad de los servicios, no quien los presta”.