La Ley de Segunda Oportunidad se está dando a conocer por ser un mecanismo que permite tanto a autónomos y empresarios como particulares cancelar deudas.
Se trata de un procedimiento legal que permite a las personas físicas a cancelar sus deudas si están en situación de insolvencia. Se presenta como una oportunidad para aquellos que no pueden hacer frente a sus obligaciones financieras y empezar de cero.
Cada año, más personas recurren a ella para exonerar sus deudas. Y funciona bastante bien porque ayuda a enfrentar las obligaciones de pago, pero sin que los derechos de cobro de los acreedores se vean afectados.
Por tanto, podemos hablar de que este procedimiento tiene una triple función:
1- Social. Regenera la economía ciudadana.
2- De efectividad de cobro. Hay transparencia y una disposición real para pagar a los acreedores.
3- Economía procesal. Unifica las deudas en un único proceso regulado.
El conjunto hace que sea un proceso beneficioso para ambas partes en líneas generales.
La reforma de octubre de 2022: una mayor protección para el deudor
En octubre de 2022, esta ley sufrió varios cambios por una reforma en la Ley Concursal, haciéndola ahora más fácil de gestionar. Cada vez existen más compañías que ayudan a las personas a poder acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, entre las cuales destaca Reclama Por Mí.
Esta compañía pone a disposición de su cliente un equipo completo de abogados Ley Segunda Oportunidad para ayudar a todas esas personas que tienen problemas con sus deudas y necesitan exonerarlas.
En detalle, esta reforma hizo los siguientes cambios:
. No se exige la liquidación de activos del deudor para la cancelación de sus deudas.
. El deudor puede conservar su vivienda si se elabora un plan de pagos que dura hasta cinco años sin intereses.
. Se podrá exonerar hasta 20.000 euros de deuda pública.
. El deudor está protegido y se le dará una tregua mientras dure el procedimiento.
Gracias a esta reforma, es más viable y seguro apelar a esta ley, incluso teniendo que pagar los gastos asociados al proceso.
¿Quiénes pueden solicitar la Ley de Segunda Oportunidad?
Lo más importante es que tanto particulares como autónomos y empresarios pueden acogerse a ella, siempre que no puedan pagar las deudas contraídas por ser insolventes. Aquí se detallan los tipos de insolvencia:
. Insolvencia actual. El deudor no puede pagar ya.
. Insolvencia inminente. Si se prevé que no podrá enfrentar los pagos.
. Insolvencia probable. Si se determina de forma objetiva que no va a ser viable pagar las deudas sin la intervención con un plan de reestructuración.
. En detalles, necesario tener deudas con al menos dos acreedores diferentes, incluso si están al corriente de pagos. Los acreedores pueden ser entidades privadas como proveedores o públicas como Hacienda.
Los deudores deben ser personas residentes en España o extranjeros con residencia legalizada en España.
Los requisitos
La ley busca beneficiar a quien ha demostrado ser un buen pagar, pero en este momento está pasando por una mala situación económica. Es por ello que toma en cuenta el historial crediticio del deudor insolvente para llegar a un acuerdo.
Tras la reforma, los requisitos que se deben cumplir son los siguientes:
. El deudor debe ser insolvente y no tener suficiente patrimonio para afrontar las deudas.
. El deudor debe ser de buena fe. Implica que no puede haber sido declarado como culpable en un concurso de terceros o haber sido condenado por delitos económicos en los últimos diez años.
. Ya no es necesario haber intentado un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores.
. Ya no es necesario que el deudor no haya rechazado una oferta de empleo en los últimos cuatro años.
. Tiene que haber pasado al menos cinco años entre una solicitud de exoneración y una exoneración previamente concedida. Tiene que haber pasado dos años si se otorgó una exoneración mediante un plan de pagos.
Las implicaciones
El objetivo de la Ley de Segunda Oportunidad es apoyar a los deudores insolventes, y no a aquellos en situación de sobreendeudamiento. También deben cumplir con el estándar de buena fe para acceder a la cancelación de deudas exonerables legalmente, o al menos de una parte de ellas.
En primera instancia, el deudor podrá proteger su patrimonio al cancelar una parte de las deudas y viéndose obligado a afrontar un plan de pagos. El mismo podrá ser discutido por los acreedores en un máximo de diez días después de haber sido emitido.
Además, después de la cancelación a través de esta ley, el deudor saldrá inmediatamente de los ficheros de morosidad e informes de riesgos financieros. También se eliminarán sus datos de la CIRBE.
Como consecuencia, esta persona física podrá volver a solicitar productos financieros y créditos con mayores probabilidades de aceptación porque se restaura su reputación.
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